Colombia
Durante más de cinco décadas, Colombia se ha enfrentado a un conflicto armado interno que ha afectado a más de 9 millones de personas. Guerrillas, paramilitares, cárteles de la droga y fuerzas del Estado se han enfrentado por el control del territorio, con graves consecuencias para la población civil, quienes han sido víctimas de varios crímenes como las violencias sexuales relacionadas con el conflicto, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamientos internos.
Las violencias sexuales relacionadas con el conflicto armado han destrozado muchas vidas en Colombia. Mujeres, hombres, niñez y personas de la comunidad LGBTQIA+ han sido víctimas, y las comunidades afrocolombianas e indígenas se han visto especialmente afectadas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) más de 37.000 personas han sido víctimas de violencias sexuales y reproductivas relacionadas con el conflicto, perpetradas por todos los actores, incluyendo al Estado y a los grupos armados no estatales.
En 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, firmaron un acuerdo de paz. El acuerdo de paz de Colombia se considera un hito en todo el mundo, pero no significa que haya cesado la violencia en el país.
Con nueve millones de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario registradas por hechos ocurridos hace muchos años, la exigencia para que se repare es cada vez mayor.
El Estudio Global de Reparaciones en Colombia.
Uso del Estudio Global de Reparaciones
En 2022, después de dos años de investigación diligente, el Fondo Global de Sobrevivientes (GSF) publicó su Estudio Global de Reparaciones sobre Colombia en Bogotá. Las recomendaciones encontradas en el Estudio guían el trabajo de nuestro equipo en el país. Una conclusión del estudio es que, aunque existen múltiples mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto, es un complejo mosaico de mecanismos que parecen competir entre sí, y que dependen de una financiación limitada. Esto ayuda a explicar el importante déficit de ejecución, si además se tiene en cuenta el gran número de víctimas que continúa en aumento. Además, se documentaron grandes retos en cuanto a la participación de las víctimas en los mecanismos existentes, por lo que su grado de conformidad con las medidas es bastante bajo.
Por lo anterior, estamos trabajando para garantizar la participación de las personas sobrevivientes en las decisiones, de modo que se tengan en cuenta sus prioridades y demandas. La implicación de las sobrevivientes contribuye a la satisfacción efectiva del derecho a la reparación, por lo cual trabajamos en dos áreas especialmente:
Mejora de las reparaciones administrativas
Estamos movilizando la implementación efectiva del programa de reparación administrativa establecido por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Conjuntamente con DeJusticia - una destacada organización de derechos humanos - realizamos un estudio sobre la financiación y asignación de recursos para la ejecución de la Ley 1448, el cual dio lugar a una serie de hallazgos y propuestas para un mejor uso de los recursos del programa, con el fin de lograr el cumplimiento de los derechos establecidos en el marco normativo.
Además, estamos discutiendo con el gobierno, las partes interesadas de la sociedad civil y las personas sobrevivientes, la mejora de un mecanismo para la provisión de reparación integral para las sobrevivientes de violencias sexuales, que implique el cumplimiento de lo definido por la Ley 1719 de 2014 en materia de atención en salud física, mental y emocional. Aspiramos a que los instrumentos legislativos alcanzados se apliquen eficazmente, pues la rehabilitación es una medida fundamental para las víctimas de violencias sexuales.
Apoyar la participación efectiva de las sobrevivientes en la definición de medidas restaurativas y reparadoras
La Jurisdicción Especial para la Paz creada en desarrollo del Acuerdo Final de Paz, en su labor por esclarecer crímenes y brindar justicia oportuna a las víctimas, ha abierto macro casos que agrupan crímenes específicos y/o territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2017, la JEP ha abierto 11 macro casos para identificar, juzgar y sancionar a los máximos responsables. Una característica clave de la JEP es que establece un sistema de justicia restaurativa de acuerdo con el cual los responsables de violaciones graves que aporten información sobre las violaciones cometidas, reconozcan la verdad de lo sucedido y colaboren en el proceso, recibirán penas alternativas a las de prisión, que deben tener un componente de contribución a la reparación de las víctimas.
GSF está apoyando a sobrevivientes de violencias sexuales en el macro caso 05, que se refiere a la Situación Territorial de las Regiones Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca. Este caso busca cubrir a más de 120.000 víctimas de diferentes atrocidades cometidas en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, entre enero de 1993 y diciembre de 2016, con el fin de facilitar su participación en algunos aspectos del proceso judicial. Aproximadamente 80 sobrevivientes de violencias sexuales están acreditadas en el caso, incluyendo personas de comunidades afro, indígenas y campesinas, así como de la comunidad LGBTQIA+.
GSF está acompañando con apoyo técnico a la JEP para facilitar un proceso inspirado en la co-creación con las sobrevivientes de violencias sexuales, con el fin de formular un proyecto restaurativo que responda a los daños y necesidades de las víctimas y en el cual los comparecientes puedan realizar trabajos u obras. Para ello, hemos diseñado y estamos implementando una metodología y agenda específica con las sobrevivientes. Esto ha implicado una serie de espacios con las sobrevivientes que forman parte del caso, así como la participación del tribunal que formaliza las decisiones. Este proceso se lleva a cabo por medio de talleres y espacios de dialogo con las víctimas, que han permitido, por ejemplo, documentar daños individuales y colectivos de las violencias sexuales en el caso, así como las medidas que desde el ámbito del proceso restaurativo podrían aportar a reparar y restaurar estos daños. También está involucrada en el proceso la Presidencia de la JEP, para que la metodología pueda aplicarse a otros macro casos que impliquen violencias sexuales.