Bogotá/Ginebra – 01 de octubre de 2026. Para las víctimas de violencia sexual y reproductiva, el trabajo que desarrolla la JEP es una oportunidad histórica y quizás irrepetible de acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación. Es por lo anterior que le pedimos al Estado colombiano garantizar que la JEP pueda cumplir su mandato, incluyendo lo pertinente para la implementación de las medidas de reparación y los proyectos restaurativos que se dirigen a las víctimas.
También instamos al Congreso de la República, a incluir la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones en cualquier definición presupuestal o normativa sobre la JEP que pudiera afectar sus derechos. Así, como a todos los actores políticos e institucionales, para que preserven el carácter integral del sistema establecido en la Constitución y que se cumplan los compromisos internacionales del país con los derechos de las víctimas. Es clave que la comunidad internacional, continue acompañando a las víctimas colombianas en la exigibilidad de estos derechos.
“El costo de la impunidad y de la falta de voluntad política para combatirla no puede seguir recayendo sobre las víctimas, quienes ya han soportado el peso de la guerra”, afirmó Diana Bravo, representante de GSF en Colombia. “La lucha contra la impunidad debe continuar, especialmente cuando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición están reconocidos y protegidos por la Constitución Política y por diversas leyes.”
Tras décadas de conflicto armado, la mayoría de los casos de violencia sexual y reproductiva siguen sin ser investigados, ni sancionados. El miedo, el estigma, la falta de protección y las barreras para acceder a la justicia han impedido que muchas sobrevivientes denuncien estos crímenes. Esta impunidad refuerza el silencio y dificulta el reconocimiento de la responsabilidad de los perpetradores. Sin embargo, las sobrevivientes han continuado organizándose, documentando sus casos y exigiendo sus derechos, a menudo con escaso apoyo institucional y a un alto costo personal.
La JEP ya ha demostrado que la violencia sexual fue una práctica sistemática del conflicto armado, utilizada por distintos actores para controlar territorios, comunidades y dentro de sus propias filas. Sus investigaciones en los macrocasos 01, 02, 04, 05, 07 y 09 han permitido avanzar en imputaciones y además en el reconocimiento de responsabilidades de los máximos responsables de las FARC por su práctica durante el cautiverio de personas secuestradas y en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Lo que las víctimas denunciaron durante años hoy está acreditado: estos crímenes no fueron excesos aislados, sino parte del funcionamiento de las estructuras armadas. Pero falta el acceso a la reparación y la implementación de las medidas restaurativas. Esta es una tarea del Gobierno Colombiano.
El Caso 11, dedicado específicamente a la violencia basada en género, sexual y reproductiva y a los crímenes por prejuicio contra personas LGBTI, todavía tiene un gran camino por recorrer. El trabajo de la JEP en este caso no puede parar en la mitad del camino.
Ahora el desafío es concluir estos procesos. Ello exige tres garantías: participación efectiva de las víctimas, seguridad jurídica para los comparecientes e implementación plena de las sanciones previstas según lo establecido en la normatividad. Solo así será posible que los avances judiciales concluyan en verdad, justicia y reparación para las sobrevivientes.
Colombia lleva más de veinte años construyendo, de manera progresiva, un modelo de justicia transicional que es hoy un referente mundial. La continuidad de este modelo exige instituciones sólidas, pero también resultados concretos para las víctimas. Alterar ese diseño antes de que se cumpla su mandato afectaría no solo a los comparecientes, sino, sobre todo, a las víctimas que han vuelto a confiar en el Estado.
El Fondo Global de Sobrevivientes:
Global Survivors Fund (GSF) es una organización internacional cuya misión es ampliar el acceso al derecho a la reparación para las personas sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos armados en el mundo. Trabajamos en distintos países de la mano de las sobrevivientes, organizaciones de la sociedad civil y los Estados que se encuentren interesados en garantizar sus derechos.
Para más información, contactar a Diana Bravo, Coordinadora del Proyecto para Colombia, en dbravo@globalsurvivorsfund.org